Hay una creencia ampliamente extendida, sobre todo fuera de la Argentina, de que el fiscal especial Alberto Nisman murió porque estaba a punto de exponer un pacto criminal entre la presidenta Cristina Kirchner y el gobierno iraní para encubrir la responsabilidad de éste en el bombardeo de un centro comunitario judío de Buenos Aires 1994. Según esta versión fascinante de los acontecimientos, las fuerzas poderosas - muy probablemente el gobierno al que él estaba acusando, tal vez Irán - asesinaron a Nisman para mantenerlo en silencio.

Si usted es una de las muchas personas que están viendo esa película, tengo que algo que advertirte: la lisa y llana desestimación del juez Daniel Rafecas de la acusación que Nisman le va a arruinar bastante el argumento.

No conozco a nadie que en Argentina considerara héroe a Nisman antes de que fuera encontrado muerto en su apartamento el 18 de enero. El era parte de una especie nacida y criada en mi país, un espécimen del sistema politizado de la justicia federal - típicamente, alguien que fuerza la ley, dispone de medios por encima de sus posibilidades y siempre está cerca del poder. Nisman también era conocido entre sus colegas por sus estrechos vínculos con los servicios de inteligencia de Argentina. Los servicios han estado por mucho tiempo involucrados en el espionaje político, la financiación de las campañas políticas, el soborno de los jueces y legisladores, y cada operación sucia que usted se pueda imaginar.

En 1997, cuando participó por primera vez en el caso AMIA- tal como se conoce en Argentina a la mutual comunitaria judía- Nisman era un fiscal joven y ambicioso que se proponía hacer carrera en el entonces recién inaugurado sistema de juicios abiertos.

Su tarea consistía en hacer presentable el engendro inventado por el juez Juan José Galeano. Con pruebas falsas, Galeano y otras autoridades habían acusado a un grupo de policías corruptos de ser la "conexión local" en el atentado.

¿Por qué no esperó Nisman hasta que la feria judicial hubiera terminado? Debido a que, según numerosos testimonios, temía que el gobierno iba a sacarlo de su cargo, como parte de una reforma judicial más grande. (Varias de esas reformas se introdujeron el 31 de diciembre y ese mismo día, Nisman cambió su pasaje de vuelta desde España).

La primera jueza que recibió la acusación de Nisman la rechazó como infundada. Los dirigentes de las entidades judías se negarom a acompañarlo en el Congreso (aunque después empezaron a apoyarlo post-mortem). Las asociaciones de familiares de las víctimas no sólo rechazaron la acusación, sino también al mismo Nisman: habían estado pidiendo su remoción del caso desde el principio.

El 18 de enero Nisman fue encontrado muerto, con un disparo en la cabeza con una bala calibre 22 en el interior del baño de su departamento ubicado en la planta 13ª en el elegante zona de Puerto Madero de Buenos Aires.

Con el país en estado de shock - con la mitad de la población creyendo que fue un asesinato y el 77% convencido de que la verdad sobre su muerte nunca se sabrá, de acuerdo con una encuesta nacional [realizada en ese momento]- la acusación de 289 páginas presentada por Nisman estuvo disponible online. Sus acusaciones de encubrimiento, se comprendió después, se basaron en dos endebles notas periodísticas y cientos de horas de conversaciones telefónicas interceptadas entre operadores políticos periféricos alineados con el gobierno, un delincuente que intentó pasar como agente secreto y el líder de la comunidad islámica en Buenos Aires, que es también un agente de los intereses iraníes en Argentina.

Varios de los juristas más destacados del país  estuvieron de acuerdo en que no había ninguna evidencia para probar que un delito de cualquier tipo se hubiera cometido. Pero con los manifestantes en las calles en homenaje a Nisman, el fiscal federal Gerardo Pollicita tomó el caso y presentó la acusación de nuevo.

El 26 de febrero, Rafecas lo demolió.

Su desestimación de 63 páginas es devastadora: No sólo no hay en último documento de Nisman "siquiera evidencias circunstanciales" del supuesto encubrimiento u obstrucción a la justicia, escribió el juez, sino que las pruebas reunidas por el propio Nisman contradecían abiertamente sus acusaciones. En esencia, el juez planteó tres puntos.

En primer lugar, dado que el memorando de entendimiento nunca se puso reaalmente en práctica -el Parlamento iraní no lo aprobó, y un tribunal argentino lo declaró inconstitucional -el presunto delito nunca tuvo lugar.

En segundo lugar, Nisman acusó a Timerman de tratar de cancelar órdenes internacionales de arresto de Interpol contra los sospechosos iraníes. Rafecas demostró con testimonios y documentos de la Interpol y la Cancillería argentina que sucedió todo lo contrario: Timerman insistió en que las órdenes de captura conocidas como "notificaciones rojas", mantuvieran su vigencia antes y después del acuerdo con Irán. De hecho, aún están en vigencia. "No hay una sola prueba, un solo indicio que apoye la hipótesis del fiscal de que.... Héctor Timerman haya siquiera planeado o preparado un intento de encubrimiento", escribió Rafecas. "Si hay algo que se hace evidente en las conversaciones telefónicas grabadas (entre los agentes iraníes y sus pares argentinos), es que [(Timerman)] era el enemigo a ser vencido."

En tercer lugar, las conversaciones telefónicas grabadas con participación de personas que no son funcionarios públicos, podrían haber sido, en el mejor de los casos, intentos de un plan que nunca fue puesto en acción -es decir, el supuesto intercambio de impunidad por el petróleo. Rafecas mostró que no hay rastro de ningún vínculo real [de estas tratativas] con el gobierno argentino, apenas manifestaciones de mucha jactancia entre personajes de poca monta.

La hipótesis criminal de Nisman, concluye el juez, "carece de toda validez."

Y se pone peor. Rafecas reveló que Nisman escribió presentaciones contradictorias en el mismo mes de su muerte: por un lado, su acusación explosiva; por el otro dos documentos, ambos con su firma y fecha de enero de 2015, en los que elogió los esfuerzos del gobierno para llevar a los sospechosos iraníes a la justicia, reconociendo que el único objetivo de Kirchner era seguir adelante con la investigación. Lo único de lo que se quejó fue que, en sus negociaciones con Irán, el gobierno argentino estaba aceptando algunas de las condiciones de Irán en lugar de obligar al país a entregar a los sospechosos. En ninguna parte de estos dos documentos, que los empleados de Nisman entregaron a Rafecas después de su muerte, el fiscal acusa al gobierno de encubrimiento.

¿De dónde sale esta idea [de la acusación de Nisman] de abandonar la investigación del atentado? ¿Significa esto que los iraníes son culpables o no son culpables de planear o llevar a cabo el ataque? ¿Y por qué?

"No sabemos nada, nada, nada en absoluto" responde a estas preguntas Diana Malamud, dirigente de Memoria Activa, una de las tres organizaciones de familiares de víctimas de la AMIA. En casi 21 años desde el atentado, ha habido tantas hipótesis y maquinaciones, agrega Malamud, que, "si alguien me dice hoy que no hubo bomba, yo lo tendría en cuenta".