Se agrava el hostigamiento contra Milagro Sala en el penal de mujeres de Jujuy

Además de mantener a Milagro Sala privada ilegalmente de su libertad, desde hace semanas profundizó el hostigamiento contra la diputada del Parlasur por parte del personal del servicio penitenciario, por orden directa de la subdirectora Balcarce que responde en forma directa al ministro de Seguridad, Ekel Meyer. La defensa de la dirigente social presentó un recurso de Pronto Despacho ante la directora de la Unidad N°3 del Penal de Mujeres, que desde hace más de 6 meses se niega a informar a los abogados el inicio de sumarios contra la legisladora, violando también así su derecho a la defensa.

Esta semana, personal del servicio penitenciario violó sistemáticamente el derecho a la intimidad de Milagro Sala, invadiendo su intimidad de manera vejatoria. Estos hechos fueron denunciados esta semana por la dirigente social, que es constantemente acosada por una guardia. Esto se suma a agresiones ya difundidas anteriormente: la amenaza del psicólogo del Ministerio Público de la Acusación Alejandro Zamar sobre una futura internación psiquiátrica si ella se niega a prestar declaración indagatoria; provocaciones de las celadoras entre las internas para que peleen entre ellas; invención de nuevas causas sin ningún tipo de sustento fáctico ni legal, por mencionar algunos ejemplos.

La defensa de la diputada del Parlasur declaró que el 29 de septiembre de 2016 hizo una presentación ante el Servicio Penitenciario para que se los informe de la totalidad de los expedientes, sumarios, sanciones y otras actuaciones administrativas relativas a la detención de Milagro Sala. A más de 6 meses, el pedido sigue sin respuesta, a pesar de que en la unidad carcelaria deben mantener un Registro de Sanciones, como lo prevé el artículo 68 del Decreto Nacional 18/97, reglamentario de la Ley Nacional de Ejecución Penal 24.660, vigente en la provincia de acuerdo a lo establecido por la ley provincial 5131.

En ese marco, los abogados denunciaron que la falta de respuesta a la presentación realizada constituye una violación de los derechos constitucionalmente consagrados de debido proceso y derecho de defensa, incluidos en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales, con jerarquía constitucional en virtud del artículo 75, inciso 22, de la Carta Magna.