El conflicto empezó el viernes 2 de junio cuando UTA nacional, comandada por Roberto Fernández, burócrata muy cercano al macrismo, cerró un acuerdo con el ministro de Transporte de la Nación Guillermo Dietrich, para las paritarias nacionales de choferes de corta distancia. El acuerdo entre Dietrich y Fernández concede un aumento del 21% sobre el básico del convenio, escalonado en tres cómodas cuotas: 8% en junio, 7% en diciembre y el restante 6% el 1º de enero de 2018, sin retroactivos. Además acordaron dar una suma fija no remunerativa durante los 5 primeros meses del año que viene de $ 1500, a aplicar sobre el sueldo básico, que ronda los $ 9000. El acuerdo provocó el inmediato repudio de choferes y delegados de la UTA cordobesa.

El gremio está intervenido desde octubre del año pasado, cuando Fernández dispuso separar de su cargo a Ricardo Salerno, secretario general de UTA Córdoba, después de un paro del gremio provincial en protesta por las malas condiciones de trabajo que impone la empresa de transportes ERSA y de que el Ministerio de Trabajo provincial dictara la conciliación obligatoria. El burócrata Fernández, cómplice de la patronal, de la intendencia radical y de la gobernación peronista, hizo cambiar la cerradura de la sede tres veces en un año, primero para destituir al secretario adjunto y después para desplazar a parte de la comisión directiva. Ricardo Salerno había llegado a ese cargo en 2014 cuando derrotó al histórico dirigente oficialista Alfredo Peñaloza. Durante su breve gestión había logrado aumentos salariales superiores al convenio nacional. Jorge Kiener, secretario interior de la UTA nacional, justificó en ese momento la destitución: “No se comparte el método del paro como medida, cuando hay otros instrumentos para resolverlos, cuando se trata de cuestiones de infraestructuras”.

El intendente radical Ramón Mestre, con la complicidad del gobierno provincial de Schiaretti, le había cedido a ERSA por decreto los servicios que antes prestaba la empresa Autobuses Santa Fe. Hace tres años ERSA solo tenía el 25% de los servicios de transporte, tal como ordena el marco regulatorio del transporte urbano de pasajeros. Ahora la empresa controla el 75% del sistema y se queda, gracias a los favores de Mestre y Schiaretti, con subsidios millonarios, mientras cobra uno de los boletos más caros del país. A pesar de esto, la empresa somete a los trabajadores a condiciones de trabajo indignas, mientras los usuarios sufren un servicio de baja frecuencia y recorridos limitados.

En los años anteriores a la asunción de macri, los aumentos salariales de los choferes cordobeses se calculaban sobre el salario bruto de Córdoba, no sobre el básico del convenio, como ahora se impuso. Si se hubiera mantenido el criterio anterior, los trabajadores recibirían un aumento del 32,5% contra el 21% en tres cuotas que acordó el gobierno con el gremio nacional. Según el acuerdo anterior, la diferencia salarial la aportaba la municipalidad de Córdoba. Pero ahora Mestre decidió no pagarla. También se niega a pagarla el ministro de transporte de Nación Guillermo Dietrich.

Ocho días atrás el conflicto estalló y los choferes cordobeses decidieron un paro total de transporte que la prensa oficialista nacional intenta ocultar hasta donde les resulta posible. La contundencia del paro obstaculiza las clases en las escuelas, complica el viaje de los trabajadores a sus empleos y la actividad comercial en la zona céntrica.

El paro fue decretado ilegal desde un principio, tiene dos denuncias penales en la justicia, hay 85 choferes despedidos y 2 detenidos. La protesta de los colectiveros cordobeses puede extenderse a Rosario.

El capanga de UTA nacional Roberto Fernández es un declarado admirador de macri.

El viernes 2 de junio, después de una serie de asambleas, los choferes decidieron rechazar el acuerdo firmado por la UTA nacional. Primero solicitaron al intendente Mestre una mesa de diálogo a la que el radical se negó. Entonces los colectiveros proclamaron un paro por tiempo indeterminado a partir del lunes 5.

Los funcionarios municipales y provinciales, los empresarios y los medios oficiales intentan instalar que el paro de los choferes y de los delegados de la UTA es político, como si toda la trama de intereses empresariales y estatales no lo fueran en el sentido más espurio del término. Pero el reclamo de los trabajadores es concretamente salarial: solicitan un aumento del 21% retroactivo a enero, un aumento nominal aplicado sobre el convenio colectivo de Córdoba y un aumento en un solo pago, no en tres cuotas como firmó la UTA nacional con Dietrich.

Erika Oliva, delegada de la empresa Tamse, declaró ante las cámaras de televisión: “UTA nacional nos provoca con un 8% de aumento para nuestro sueldo para todo el año, es por eso que estamos acá manifestando. Nosotros no desconocemos ni rechazamos el 21% que viene de Buenos Aires. Lo único que pedimos es que sea aplicado como corresponde, en su porcentual de cifra nominal al básico de Córdoba y de una sola vez. No que sea en tres tramos. De una sola vez, retroactivo a enero”.

Ni Mestre, ni las empresas nucleadas bajo la FETAP, que todos los días cortan 700 mil boletos en la Córdoba capital ni el burócrata Fernández atienden los reclamos de los colectiveros.

Las empresas Aucor y Ersa tienen como propietario al empresario correntino Juan Carlos Romero, de estrecha relación con Mestre. Cobran uno de los boletos más caros del país -$ 12,55- a pesar de brindar un servicio de bajas frecuencias, con pocos vehículos, sometiendo a los choferes a condiciones laborales abusivas.

El interventor de la UTA cordobesa, Luis Arcando, designado por Fernández, antes había sido secretario de UTA Formosa. A principios de 2016 fue expulsado por sus afiliados, quienes lo consideraron un traidor. En ese episodio formoseño, Arcando intentó retomar la sede a balazos apoyado por una horda de 80 patoteros provenientes de diversas seccionales de UTA nacional. En esa ocasión, el actual interventor de UTA cordobesa terminó detenido (ver acá). Hace unos días, cuando se enteró del paro dispuesto por los choferes cordobeses, Arcando declaró en defensa de las empresas y del gobierno, alegando que la huelga tenía "fines políticos". Canal 12 de Córdoba, del grupo Clarín, aliado del macrismo, hostigó desde su pantalla a los trabajadores en conflicto.

Sin el respaldo de su gremio, los choferes y delegados de la UTA decidieron continuar con el paro. El lunes pasado, primer día de paro, el ministro de trabajo de la provincia de Córdoba Omar Sereno, que depende del gobernador Juan Schiaretti, intentó frenarlo dictando la conciliación obligatoria por 15 días. La medida fue acatada por el interventor de la UTA Arcando pero rechazado por los choferes. El martes, ante el desacato de los choferes a la conciliación obligatoria, el ministro de trabajo provincial declaró al paro ilegal. Entonces las empresas Aucor, Coniferal y Ersa empezaron a mandar intimaciones a sus los choferes para que vuelvan al trabajo, bajo amenaza de despido. Mestre se sumó a las amenazas y recomendó a los choferes que “cuiden sus fuentes de trabajo”. Y el interventor de la UTA Arcando se alineó con os intereses empresariales: “hoy los empresarios están en todo su derecho de pedir que el Ministerio declare la ilegalidad de la medida“. La Federación de Empresarios del Transporte automotor de Córdoba (FETAP) empezó a mandar telegramas despidos a los choferes. Ya hay unos 80 despedidos.

El miércoles pasado, ante la firmeza de la medida gremial, el radical Mestre quiso instituir un “Plan de contingencia”, por el cual los usuarios de colectivos afectados por el paro, pudieran tomar taxis y remises por una tarifa de $ 15 pesos a través de 16 vías que llevan al centro de la ciudad. En retribución el municipio los eximiría de un arancel por $ 900. Pero el “Plan de Contingencia” nunca pudo funcionar. Los sindicatos de taxis y remises de Córdoba se negaron a implementarlo. “De ninguna manera nos vamos a meter dentro de un conflicto que no es nuestro” dijo Miguel Arias, secretario general del sindicato de Peones de Taxi de Córdoba.

El jueves el conflicto escaló. Los principales gremios de Córdoba, encabezados por Luz y Fuerza, SURBAC (recolectores de basura) y los Peones de Taxi marcharon por la ciudad hasta la sede de la UTA, en apoyo a los choferes y delegados de la UTA en conflicto. “Vamos a acompañar y si es necesario que saquemos los gremios, lo haremos, como hicimos siempre. El movimiento obrero se va a autoconvocar para definir una jornada de protesta, porque a los compañeros de UTA no los vamos a dejar solos” declaró Gabriel Suarez, secretario general de Luz y Fuerza Córdoba. Ese mismo día el gobernador peronista Juan Schiaretti, aliado de Macri, demandó también a los choferes de la UTA por amenazar la paz social.

El ministro de trabajo provincial, junto al secretario de Seguridad Diego Hak y el de Transporte Gabriel Bermúdez se reunieron con el secretario interior de la UTA Jorge Kiener, el mismo que destituyó a Salerno y nombró a Arcando, para tratar de forzar el levantamiento de la huelga. Kiener obstaculizó la posibilidad de un acuerdo porque “ponía en riesgo la paritaria nacional”.

El viernes 9 UTA Nacional emitió un comunicado respaldando a Kiener y Arcando e intimando a los choferes cordobeses a acatar la conciliación obligatoria. El intendente Mestre y el vicegobernador Martín Llaryora (también candidato a diputado nacional por el peronismo cordobés) sacaron un documento conjunto pidiendo “una intervención eficaz del Ministerio de Trabajo de la Nación y el gremio nacional de la UTA, ya que quedó claro que el conflicto en Córdoba es por la paritaria y la renovación de las autoridades del gremio en Córdoba”. Algunas unidades de las empresas Coniferal y Ersa intentaban salir a la calle con custodia policial. Dos choferes que se tiraron al piso para evitar la salida fueron detenidos e imputados por entorpecimiento.

Roberto Fernández se declaró angustiado por un conflicto que se le escapa de las manos: “Estoy angustiado con esto. A la ley hay que respetarla. Yo entiendo que los compañeros no estén de acuerdo con el 21%, pero las paritarias la hace el Consejo Directivo Nacional". El motivo de la angustia del burócrata peronista-macrista puede deberse a otra cosa: el viernes la UTA de Rosario anunció la posibilidad de un paro para esta semana en reclamo de un plus salarial. “Vamos a tratar de mejorar esa cifra, queremos llevar el piso a por lo menos el 25 por ciento. Ya tuvimos algunas reuniones y seguimos dialogando, pero el plazo máximo para acordar es la semana que viene”, dijo el líder de la UTA Rosario Manuel Cornejo. "La paritaria que se suscribió en Buenos Aires no cayó bien entre los compañeros acá en Rosario. Es un porcentaje bajo, además desdoblado” concluyó.

El intendente de Córdoba todavía no encuentra manera de desactivar el paro de choferes: "Este grupo de personas ha sumergido en el caos a Córdoba con violencia e ilegalidad. No sólo están yendo contra las instituciones de Gobierno y contra la ley, sino contra todos los que vivimos en la ciudad", dijo ayer domingo en conferencia de prensa. Los trabajadores en lucha se negaron a aceptar una oferta del municipio de dejar sin efecto despidos y sanciones, revisar los salarios caídos por los días no trabajados y adelantar el pago de 6.180 pesos que se pagarían a fines de junio. Los gremios reclaman un bono de 5.000 pesos que los empresarios del sector se niegan a pagar. Mestre pide auxilio al gobierno nacional: "Esto es un conflicto que afecta a todos y es por ello que quiero plantear claramente la situación: ha sido y es un conflicto de jurisdicción nacional". La estrategia de Mestre es apurar a la Legislatura con un proyecto de ley que declare "servicio esencial" al trasporte público de pasajeros. El intendente- hijo de Ramón Mestre, interventor en Corrientes durante el gobierno de la Alianza, ministro del interior durante las caóticas jornadas de diciembre del 2001, que cargó con 39 muertos- dice defender, igual que su padre "el estado de derecho”, militarizando las calles y acusando a los trabajadores de alterar el orden. Mestre difundió un plan que dice "Servicio GRATUITO • Unidades custodiadas • 7 a 21 hs. • 100 unidades aproximadamente • Frecuencia de 20 minutos • 9 corredores troncales".

Hoy la situación en la segunda ciudad del país se militarizó. Después de un acuerdo con el Ministerio de Seguridad, Gendarmería Nacional, Policía Federal y de Córdoba intervendrán para poner en circulación algunos coches con choferes no adheridos a la medida de fuerza. Tratarán que en cada una de las líneas haya custodia. Las empresas llevaron ayer sus unidades hasta la Escuela de Aviación Militar, en la ruta 20. La legisladora Laura Vilches del PTS/FIT criticó la decisión del Ejecutivo provincial: “Hoy Mestre y las patronales del transporte han dado un salto contra loschoferes que vienen protagonizando una histórica lucha. Con el aval de Schiaretti y Macri quieren derrotar la huelga recurriendo a la Gendarmería y a la Policía Federal y provincial. Esto nos recuerda a los peores años de la dictadura. Usan los predios militares, ayer campos de concentración, como garaje de las patronales. Es inadmisible que saquen a la calle unidades custodiadas por gendarmes y policías y conducidas por personal jerárquico y personas contratadas. Hacemos responsable a Mestre de la integridad física de los usuarios”.

Hoy lunes, en apoyo a los trabajadores de UTA, la CGT Regional Córdoba, encabezada por José Pihen, se va a concentrar a las 11.30 en su sede de Chacabuco al 454 y marcharán hacia la UTA en avenida Vélez Sarsfield. "Solicitamos que los sindicatos concurran con la mayor cantidad de compañeros que sea posible", dice el comunicado de la central obrera. También la CGT Nacional y Popular comandada por Mauricio Saillén convoca a una movilización en pleno centro de la capital cordobesa: "Saldremos a la calle para manifestar nuestro apoyo a la lucha de los compañeros choferes y nuestra fortaleza para enfrentar todas las políticas antiobreras que quieran aplicar. La concentración será a las 14 en Colón y General Paz y marcharemos a la sede de la UTA donde a las 16 realizaremos un gran acto de todo el movimiento obrero cordobés". Adhieren, entre otros, el Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac) y Luz y Fuerza.