Devenir dictadura

A una semana de las elecciones legislativas no es posible exagerar la gravedad de la situación institucional que atraviesa el país. Durante casi dos años de macrismo fuimos relatando en el blog sucesivos episodios en lo que se fue deteriorando el estado de derecho, desde la represión de la gendarmería a una murga de chicos de la villa de Retiro hasta la desaparición forzada de Santiago Maldonado y ahora el secuestro del que vuelve a ser víctima Milagro Sala por parte del estado de facto jujeño, burlando los reclamos de los organismos internacionales como la CIDH, la ONU o Amnesty Internacional.

Hace pocos días un periodista del diario Clarín, vocero oficioso del régimen, relató una conversación en off con macri en la que éste afirmaba que el país empezaría a andar bien cuando se proscribiera a una lista de 562 personas. La lista de los que macri se propone reprimir no fue publicada y el número exacto no importa, pero sí es gravísima la intención manifiesta de suprimir los derechos civiles de un conjunto de ciudadanos por parte del jefe del ejecutivo, lo que viola la vigencia del estado de derecho, la división de poderes y la libertad de expresión. Esta intención hay que darla por confirmada dado que varios días después de publicada macri no la desmintió. La amenaza presidencial pone en peligro a personas concretas (dirigentes políticos, sindicales, sociales, periodistas, intelectuales, artistas, miembros del poder judicial, del ministerio público fiscal, abogados laboralistas, empresarios, docentes, estudiantes que se oponen a las políticas de este gobierno) y también afecta la vigencia del estado de derecho -si es que todavía puede considerarse que existe. La situación se agrava por dos factores:

- Brasil, el país más grande de la región sufrió hace pocos meses un golpe de estado legislativo-judicial-mediático que derrocó a la legítima presidenta Dilma Rousseff, remplazada de facto por el vicepresidente Michel Temer quien, denunciado por graves actos de corrupción y con un índice de popularidad bajísimo, impuso una reforma salvaje de la legislación laboral que retrotrae los derechos de los trabajadores brasileños a una situación de sumisión y explotación premodernas. En el reciente congreso de FIEL que los empresarios argentinos hicieron en Mar del Plata le reclamaron a macri que  esta reforma se imite en Argentina. El precedente de ajuridicidad brasileño muestra que hoy en Sudamérica es posible avasallar los derechos populares sin costos políticos ni barreras judiciales. Al contrario: las clases dominantes y las corporaciones mediáticas manejan los resortes del poder estatal que les permiten instaurar sistemas políticos anómalos y autoritarios, sin contrapesos institucionales.

- En Argentina el gobierno macrista llegó al poder mediante elecciones libres pero se apresta a llevar a cabo nuevas elecciones en un clima de intimidación, censura y persecución política que hace que el acto eleccionario ya esté viciado. En las PASO de agosto el gobierno ensayó modos de fraude electoral que podrían agravarse ahora.


Esta violación creciente de derechos no es practicada solo por el poder ejecutivo, sino que cuenta con el apoyo sin fisuras de los bloque dominantes ("Los empresarios quieren que Macri vaya por todo" celebra con descaro Francisco Olivera en La Nación, con la violenta ilustración que encabeza este post y le quita el resto de ambigüedad posible con que semejante reclamo pudiera interpretarse). El estado de ajuridicidad es consentido por una parte muy numerosa de los partidos de pseudo-oposición, muchos jerarcas sindicales, la casi totalidad de los medios de comunicación, periodistas, las jerarquías eclesiásticas y una cantidad inquietante de los candidatos que se postulan para la elección del domingo. Medios y periodistas presuntamente socialdemócratas parecen naturalizar con indolencia la pérdida del estado de derecho, al caracterizar al gobierno como una "derecha democrática y moderna", a pesar de las numerosas evidencias de que la igualdad ante la ley y la división de poderes ya no se respetan en el país. Un sector minoritario pero numeroso de la población parece dar consentimiento a este estado de cosas y el propio gobierno aprovecha esta ventaja circunstancial para violar la Constitución. Es probable que ventajas electorales relativas agraven la situación en los próximos meses, sin que pueda avistarse por ahora ningún freno a este devenir dictadura.

La última violación al estado de derecho (se dan de a tres o cuatro por semana) volvió a ocurrir en la provincia que registra la más baja insitucionalidad argentina, gobernada por el radical Gerardo Morales, Jujuy: ayer a la mañana fuerzas del CEOP irrumpieron en la casa donde estaba detenida Milagro Sala, y la llevaron a la fuerza al penal de mujeres de Alto Comedero. La orden la dispuso el juez Pablo Pullen Llermanos. “Esto es un secuestro. Tras la resolución de la Cámara de Apelaciones que dispuso la revocatoria de la detención domiciliaria, Pullen Llermanos perdió jurisdicción sobre el expediente vinculado a la medida cautelar dispuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)” declararon los abogados de Milagro. El juez, además, en un acto absolutamente ilegal dispuso en la resolución diferir la notificación a los abogados de la diputada del Parlasur. A una semana de las elecciones, en día no hábil, Pullen Llermanos dispuso “diferir la notificación a los letrados defensores a los fines de evitar que la imputada tome conocimiento anticipado de lo dispuesto” en una escandalosa vulneración del legítimo derecho a la defensa. Los abogados no pudieron acceder a la fundamentación de este secuestro irreglar llevado a cabo por el juez y las fuerzas represivas, dado que no hay personal en el juzgado en medio de un fin de semana largo.

Ayer al mediodía se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en la que hablaron el presidente del organismo, Horacio Verbitsky, la responsable del equipo de Relaciones Internacionales, Gabriela Kletzer y una integrante integrante del equipo de abogados de Milagro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta. Allí denunciaron que Pullen Llermanos ordenó el traslado de la diputada del Parlasur al penal y dispuso que la aislaran dentro de la cárcel. Milagro y su marido fueron golpeados por policías encapuchados que participaron del operativo. Los integrantes del CELS y la defensa de Milagro responsabilizaron directamente a Mauricio Macri; al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales y al juez Pablo Pullen Llermanos por la vida de Sala. Ella tiene, según consta en los expedientes médicos que citó el propio juez cuando dispuso la prisión domiciliaria, un severo cuadro depresivo, ideaciones suicidas. Esa disposición anterior recomendaba que Sala estuviera las 24 horas acompañada por su familia. “Quieren ver a Milagro muerta -dijo la abogada Gómez Alcorta-. Fue secuestrada porque se dictó una resolución arbitraria, ilegal, perversa, por fuera de todos los imites de la legalidad. Sin ninguna justificación legal, incumpliendo una cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.  La CIDH había advertido sobre el riesgo de vida que corría Milagro  en caso de permanecer en el Penal de Mujeres al que ayer volvió a ser trasladada.

Gómez Alcorta calificó al juez Pablo Pullen Llermanos como un analfabeto jurídico. Su disposición  es auto contradictoria porque cita informes del Departamento Médico del Poder Judicial en los que se describe la situación de gravedad de la dirigente social y se advierte respecto al peligro de un traslado a otro lugar de detención. Estos informes dicen que la dirigente “presenta un cuadro psicopatológico compatible con trastorno depresivo mayor”; que “se han constatado oscilaciones en cuanto a la emergencia de ideación suicida” y sugieren que “se arbitren los medios a los fines de que la Sra. Sala permanezca acompañada por familiares las 24 horas”. No obstante esto, según Gomez Alcorta“no solo la trasladan sino que además disponen que se genere un lugar dentro de la cárcel en el cual Milagro pueda permanecer con un mínimo de contacto con el resto de la población carcelaria, es decir, en aislamiento. La finalidad de esta resolución es agravar la situación de riesgo de vida de Milagro. Lo que busca Pullen Llermanos y su ideólogo Gerardo Morales es que Milagro esté muerta. Estamos muy preocupados y hacemos responsable de la vida de ella a Macri, a Morales y al juez”.

En la conferencia de prensa también denunciaron que se violó el legítimo derecho a la defensa: Pullen Llermanos dispuso diferir la notificación a los abogados defensores hasta tanto el traslado no se concretara. “A Luis Paz y a Paula Álvarez Carreras no los dejaron tomar contacto con Milagro. Recién después de dos horas y de hacer los reclamos pudieron ingresar y constatar las agresiones sufridas por ella, que tiene moretones en su cuerpo. Se pidió que quedara constancia de esto en el informe médico. Además, recién pudimos tomar conocimiento de los fundamentos de la resolución no porque haya sido notificada a la defensa sino porque los policías la tiraron en el piso en la casa de El Carmen y la rescató Raúl Noro, el marido de Milagro Sala”, dijo Gómez Alcorta.

Pullen Llermanos justificó la medida alegando que Milagro se negó a trasladarse al hospital a hacerse estudios médicos. Sin embargo, la abogada explicó la irregularidad del proceso citado por el juez. El viernes a las 7 de la mañana decenas de agentes represivos llegaron a su domicilio, sin haber notificado antes ni a ella ni a sus abogados. El juzgado sabía que se estaban haciendo trámites para que la diputada del Parlasur se internara en una clínica privada, tal como lo autoriza la Ley de Ejecución Penal. Horacio Verbitsky dijo:“si efectivamente la preocupación del juez hubiera sido la salud de Milagro, tal como sostiene, podría haber dispuesto un destacamento medico en lugar de uno de la Gendarmería, lo que tiene un costo inmenso para humillarla. Y si tuvo la capacidad de usar la fuerza pública para trasladarla al penal, también podría haberla utilizado para llevarla al hospital, si esa hubiera sido su intención. La resolución de Pullen Llermanos es de una gran perversidad porque invoca la medida cautelar para incumplirla. Responde al odio que el contador Morales y este juez vienen demostrando hacia Milagro”.

Por último, Gabriela Kletzer, dijoque el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, confirmó que hay una reunión de trabajo prevista para el 25 de octubre para tratar el tema. “Esperamos que Milagro para ese momento esté libre. O como mínimo de vuelta en el lugar donde estaba hasta hoy”. [Conferencia completa acá]

Salvo los integrantes de Unidad Ciudadana y del FIT, el resto de las fuerzas políticas y la dirigencia eclesiástica, empresarial y mediática guardan un silencio complaciente sobre esta nueva violación a los derechos humanos.