Cacerolazos, paro de camioneros, desabastecimiento, operaciones de prensa y denuncia en las embajadas: la vía chilena al golpe de estado

Diez días después del triunfo de Salvador Allende en Chile, el 14 de septiembre de 1970, el entonces presidente norteamericano Richard Nixon y su "cerebro gris" de la política exterior, Henry Kissinger, se reunían en la Casa Blanca con el llamado "comité de los cuarenta", el Consejo Nacional de Seguridad, para determinar en secreto la política que cabía seguir ante la "subversión" legal que habían hecho estallar las urnas chilenas con el triunfo de la Unidad Popular. Las decisiones de ese comité fueron conocidas años después, por filtraciones y denuncias y, más aún, por los trágicos hechos que pusieron fin a la "experiencia chilena" el 11 de septiembre de 1973.

(...) Durante los últimos meses de 1971 y todo el año de 1972 pudo apreciarse lo que cabría llamar la "vía chilena de la sedición", en oposición a la "vía chilena al socialismo" elaborada por Salvador Allende y la Unidad Popular. En el tablero podían distinguirse varias áreas de jugadas de un ajedrez múltiple que abarcaba desde los poderes del Estado hasta los medios de comunicación, el amplio e incontrolable campo de la actividad económica, las Fuerzas Armadas, el terrorismo y los frentes de masas.

(...) En julio de 1971, el ex presidente Eduardo Frei volvía de una gira privada por Estados Unidos y rompía un silencio de varios meses para proclamar con voz grave que "la Unidad Popular camina hacia el totalitarismo". El mismo Frei daba entonces la orden de partida: "sustituir por la vía legal a la UP". En otras palabras, estaba dando la luz verde para la sedición legal y ello coincidía con la alianza electoral en Valparaíso entre la DC y el Partido Nacional, que poco antes había sido su enemigo acérrimo debido a la reforma agraria del gobierno democristiano.

(...) El alcance del nuevo clima pudo advertirse el 2 de diciembre de 1971. Durante semanas, la oposición, ya unida en torno a la única consigna de atacar al Gobierno, había lanzado a través de los medios de comunicación que controlaba -superiores en distribución a los del Gobierno- consignas de agitación contra un nuevo problema que había comenzado a suscitarse sin que el Gobierno hubiera tomado alguna medida al respecto. La cuestión tenía relación con el abastecimiento de bienes de consumo. Misteriosamente habían comenzado a escasear productos como el azúcar, los fósforos, el papel higiénico, el aceite y otros no fundamentales pero singularmente incómodos para la vida cotidiana. En esa fecha no había motivo económico alguno para explicar tan misteriosa escasez. Los grandes centros de distribución estaban controlados por sectores de la burguesía comercial, claramente adscritos al Partido Nacional, y en absoluto amenazados, ni por el programa de la UP, ni por la política económica que aplicaba el Gobierno, dirigida exclusivamente contra grandes monopolios industriales.

El abastecimiento fue sin embargo el estandarte que aprovechó la oposición para organizar una espectacular marcha de "cacerolas vacías". El 2 de diciembre, mientras permanecía en el país Fidel Castro, en una larga visita al Chile de Allende, miles de mujeres del barrio alto de Santiago marcharon desde sus chalets hacia el centro de la capital, con cacerolas y banderas chilenas y escoltadas por jóvenes militantes de Patria y Libertad, provistos de camisas azules, cascos, cadenas y armas ligeras. La manifestación culminó en un enfrentamiento abierto con fuerzas de orden público, sin muertos ni heridos graves como sucedía a menudo en gobiernos anteriores. (...)

La huelga de los camiones: Después de varias semanas de presiones y manifestaciones de violencia, el aparato subversivo de la burguesía chilena se dispuso en el mes de octubre de 1972 a librar una batalla decisiva. El día 6 de octubre, el presidente del Senado, Patricio Aylwin, en nombre de la institución y de su partido, el Demócrata Cristiano, proclamaba que "Allende ha violado todos los compromisos contraídos", al mismo tiempo que la Cámara Alta calificaba al Gobierno como "fuera de la ley".

El ambiente estaba suficientemente caldeado en las calles con una larga huelga de los estudiantes secundarios controlados por la democracia cristiana y con las consignas subversivas lanzadas desde las emisoras de radio y la prensa, mayoritariamente en manos de la derecha, que predicaban la "desobediencia civil". Cada noche sonaban cacerolas en los barrios altos de Santiago, santuario de la alta y media burguesía, mientras se sucedían las provocaciones a las Fuerzas Armadas, invitándolas a intervenir contra el Gobierno.

La situación económica se había deteriorado entretanto hasta extremos insostenibles para el funcionamiento del país. Desde hacía varios meses desaparecían de los mercados y almacenes diversas mercaderías básicas que reaparecían en puestos clandestinos de venta a precios donde se centuplicaba su valor oficial. Las Juntas de Abastecimiento (JAP) promovidas por el Gobierno no lograban resolver el problema; la distribución, como la mayor parte de la producción, continuaba, pese a las intervenciones de industrias, en manos de propietarios que actuaban abiertamente en el dispositivo sedicioso de la oposición. Desde el exterior, los bancos norteamericanos bloqueaban créditos indispensables para la compra de recambios y ello acentuaba la parálisis productiva, el mismo tiempo que la especulación del mercado negro disparaba la inflación.

El 8 de octubre, un tribunal de París decretaba el embargo de una carga de cobre chileno, en virtud del proceso iniciado por la compañía Kennecott contra el Gobierno de Chile por la nacionalización de sus yacimientos cupríferos. Dos días después, la red de gremios patronales, estructurada desde marzo de 1972, ordenó un paro total e indefinido del transporte y del comercio. El país quedó paralizado.

La huelga de camioneros, financiada desde Estados Unidos, duró hasta fines de octubre y provocó pérdidas de alrededor de un millón de dólares. La respuesta del Gobierno y de los partidos de izquierda se apoyó en una movilización masiva de sus bases para mantener, dentro de lo posible, el abastecimiento mínimo en las ciudades. Gran parte de las provincias fueron declaradas en estado de emergencia y puestas bajo control de las autoridades militares, que intervenían por primera vez en el proceso, paradójicamente a favor del régimen constitucional.

La huelga no logró derrumbar al Gobierno de Allende y robusteció en cambio la capacidad de acción de los partidos de izquierda, que reforzaron sus dispositivos de seguridad y sus precarios aparatos paramilitares. Un número importante de industrias fueron ocupadas por sus trabajadores de forma espontánea y éstos organizaron "cordones industriales" en las barriadas obreras, dando así origen a nuevos organismos de masas no previstos en el esquema inicial del programa de la Unidad Popular.

El 11 de septiembre de 1973 Pinochet daba un sangriento golpe de estado.

Fuente: www.angelfire.com