Hace dos días se produjo una violenta represión por parte de la Policía provincial del Chaco contra trabajadores y trabajadoras auxiliares de la educación que pedían sus haberes adeudados desde diciembre de 2017. Son auxiliares docentes que ganan 2.600 pesos mensuales por 20 horas semanales. Reclamaban la regularización de sus haberes y el pase a planta permanente. Trabajan en las mismas funciones, horarios y bajo las mismas supervisiones que el personal de planta pero sin los derechos laborales reconocidos.
ATE- Chaco responsabiliza por la represión seguida de privación ilegítima de la libertad al gobernador Domingo Peppo; al ministro de Seguridad, Carlos Barsesa; y a la ministra de Educación, Marcela Mosqueda. La rEl secretario general de ATE Mario Bustamante declaró: “La compañera además estuvo retenida ilegalmente por la policía que la llevó arrastrándola y golpeándola, sin medir diálogo ni lectura de derechos ni notificación, no nos dijeron adónde se la llevaron por lo que consideramos estuvo secuestrada ilegalmente durante unas horas, situación muy preocupante que alerta la falta de garantías constitucionales y de Estado de derecho”. La represión fue ejecutada por personal masculino de la policía, a pesar de que la mayoría de las manifestantes eran mujeres. ATE exige la investigación de todos agentes de la Policía del Chaco que participaron y la expulsión del policía que golpeó en la cabeza a la trabajadora María Lescano, tal como se ve en este video. La prueba fue aportada a la causa y ampliamente difundida en las redes sociales.
El secretario general de ATE Mario Bustamante declaró: “La compañera además estuvo retenida ilegalmente por la policía que la llevó arrastrándola y golpeándola, sin medir diálogo ni lectura de derechos ni notificación, no nos dijeron adónde se la llevaron por lo que consideramos estuvo secuestrada ilegalmente durante unas horas, situación muy preocupante que alerta la falta de garantías constitucionales y de Estado de derecho”.
Este episodio se suma a los numerosos casos de represión violenta de la protesta social que se propagan por el territorio nacional. Pero en Chaco gobierna Domingo Peppo, que se presentó a elecciones por el Frente para la Victoria, en una alianza muy amplia que incluyó a todos los sectores del peronismo y otros sectores kirchneristas no peronistas. Cuando ganó en 2015, Peppo dijo: "La gente votó la continuidad, muchas obras que están en ejecución, vamos por el Chaco del desarrollo". Pero pocos meses después dio el salto. En julio de 2016 declaró: "El FPV se agotó. Se tiene que dar una reestructuración en el Congreso y en las Legislaturas provinciales, porque la interna nacional tiene repercusión en las provincias. Cristina Kirchner fue parte de un ciclo muy importante para el país, pero la sociedad está pidiendo otro perfil de dirigentes. Hay que iniciar el camino a un nuevo frente político cuyo eje central sea el justicialismo, pero que encarne nuestros principios populares en las diferencias que tenemos con el actual gobierno, esencialmente en la idea económica: ellos son liberales y nosotros peronistas".
Desde entonces, Peppo formó parte del sector del PJ que articula desde el senado el tránsfuga Miguel Ángel Pichetto, el más eficaz operador parlamentario con que el macrismo cuenta para llevar a cabo su regresión hacia las políticas neoliberales de la postdictadura que llevaron al país a la crisis terminal de 2001. Peppo no solo hace declaraciones mostrando su perfil de peronista "perdonable" para el régimen. También presiona a diputados y senadores chaqueños en el Congreso nacional para que faciliten los proyectos regresivos macristas. Peppo será peronista o no, pero de lo que no quedan dudas es que es oficialista. Por eso, se ve obligado a consumar este alineamiento ejerciendo la represión contra los trabajadores. Es bueno tener en cuenta esta evidencia cuando se proyecta un proceso de unidad del peronismo para vencer a Cambiemos en 2019. Parece que con ser peronista y proclamar la unidad no alcanza.