por Oscar Cuervo
La protesta de los prefectos y gendarmes se instaló periodísticamente muy rápido como resultado de un decreto de reestructuración de sueldos firmado por Cristina y la Ministra de Seguridad, Nilda Garré. Según la primera versión periodística, que quedó como la buena, el decreto disponía la baja de los sueldos del personal de las FFSS y ello hacía posible que alguien que había cobrado 6000 hasta el mes anterior empezara a cobrar 4000 por disposición de Cristina y de Garre.
Ahora bien: esta versión, que promueve un repudio de la población contra una reducción de los sueldos más bajos del escalafón de Gendarmería y Prefectura, es sencillamente falsa. El diario La Nación, a través de su columista Mariano Obarrio, sigue atribuyendo falsamente la baja de salarios a dicho decreto: "El conflicto comenzó el martes pasado, cuando, por el decreto 1307 -miente Obarrio-, los efectivos de Prefectura percibieron recortes salariales de hasta 70% por la eliminación de adicionales no remunerativos". Por el contrario, el decreto preveía expresamente que esa baja salarial no podía aplicarse, tal como queda dicho por el artículo 6 del Decreto 1307/2012
Art. 6° — El personal que por aplicación de las medidas contenidas en el presente Decreto, percibiere una retribución mensual bruta inferior a la que le hubiera correspondido por aplicación del escalafón vigente a la fecha de su entrada en vigencia, sin considerar el efecto de ninguna medida judicial y en tanto se mantengan las condiciones previstas en dicho escalafón para su percepción, percibirá una suma fija transitoria que se determinará por la metodología y con los efectos contemplados en las disposiciones del artículo 1°, inciso b), del Decreto Nº 5592 del 9 de septiembre de 1968.
Dicha suma, que no podrá estar sujeta a ningún tipo de incremento salarial, permanecerá fija hasta su absorción, la que se producirá por cualquier incremento en las retribuciones, incluyendo los correspondientes a los ascensos del personal.
Para el caso de personal destinado en el exterior, dicha suma se liquidará en forma independiente, aplicándose el mismo procedimiento para su absorción, mientras dicho personal se encuentre en ese destino. Al regreso al país, se recalculará su importe con los conceptos correspondientes a la nueva situación y se sujetará al mecanismo establecido precedentemente. (Leer el decreto completo acá).
Es decir: quienes liquidaron los sueldos de estos agentes con esta brutal reducción salarial, lo hicieron contra la disposición expresa del Decreto. En todo caso, es responsabilidad política del gobierno nacional no haber advertido en manos de quién se dejaba dicha reestructuración salarial: las cúpulas de estas dos fuerzas de seguridad, ahora removidas. Y, lo que es al menos tan grave como esto, que no se haya percibido la ruptura en la cadena de mandos que hace tan complicado ahora salir del conflicto (dada la poca disposición a negociar y las contradicciones manifiestas de parte de los voceros de facto de los agentes).
Una vez más: no creo que la inmensa mayoría de los agentes de Gendarmería y Prefectura que se sumaron a la protesta sean golpistas, pero sí que este episodio debe interpretarse en el contexto más amplio de un ensayo golpista de la derecha, que cada vez disimula menos sus ganas de derribar a Cristina.
