Ley antiterrorista
por Oscar Cuervo
En la maratón legislativa de fin de año se aprobaron varias leyes que me parecen muy positivas y desde hace largo tiempo necesarias, como:
- la Ley que declara de interés público la producción, comercialización y distribución de papel para diarios (ley que Clarín y La Nación están atacando histéricamente, como si estuviera bien que dos empresas privadas puedan controlar este mercado a su antojo, y en cambio fuera objetable que la regulación quede en manos de instituciones públicas, como la Comisión Bicameral creada a tal efecto o la Comisión Federal Asesora integrada por los diarios que no forman parte de las empresas productoras de papel);
- la Ley de Tierras, que establece límites a la extranjerización de las tierras rurales;
- la imprescindible Ley de Trabajo Rural, que hace llegar la edad moderna al campo argentino, que hasta ayer seguía regido por un sistema jurídico feudal, con la complicidad de impresentables sindicalistas que dicen defender a los peones rurales.
En este contexto, me parece lamentable y también un error bastante difícil de reparar la aprobación de la denominada "Ley Antiterrorista", cuyo principal argumento de defensa es que es necesaria "para cumplir con exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)", bajo la amenaza de que el país pierda su lugar en el G20 de no sancionar dicha norma. La aprobación de esta ley requiere la modificación del artículo 41 del Código Penal, en estos términos: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”. Sin saber casi nada de derecho, estoy convencido de que semejante texto es una aberración jurídica, por su falta de precisión para definir una figura penal, lo que habilita a cualquier juez del país a aplicarla a su arbitrio, contra los más diversos reclamos populares.
Para colmo de males, el titular de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), José Sbatella salió a declarar ayer que, si algunos medios se unieran a una operación financiera para provocar una corrida bancaria, podrían quedar expuestos a una acusación de terrorismo. Sbatella, que en otra ocasión tuvo una actitud muy digna (para oponerse hace 4 años a la fusión de Cablevisión y Multicanal), acaba de cometer una torpeza mayúscula, regalándole a Clarín el gusto de titular "Podrían acusar a los medios de terrorismo", lo que empaña innecesariamente la justicia de la ley de regulación del papel. Lo de Sbatella es torpe, porque un funcionario debe ser muy cuidadoso cuando su palabra se refiere a temas tan sensibles como este. Pero su torpeza no tendría mayor importancia si no fuera que la misma Ley Antiterrorista tiene una peligrosidad potencial, dada la ambigüedad y vaguedad de su redacción. Como bien dijo el senador Rubén Giustiniani la ley “habilita una persecución penal contra las personas y organizaciones que luchan por la reivindicación de derechos”, como sucedió recientemente en Chile para criminalizar las protestas de la comunidad mapuche.
Dije que la aprobación de esta ley configura un error difícil de reparar, pero no imposible. Creo que todos podemos sumarnos para reclamar que la ley se derogue, incluso alentando a que finalmente la Corte Suprema de Justicia reconozca su inconstitucionalidad.
Pienso que apoyar las grandes líneas políticas de este gobierno no impide oponerse a la vigencia de esta ley.
