Cuentas pendientes en Bahía Blanca

El pasado 25 de junio comenzó en la ciudad de Bahía Blanca el segundo juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos dentro del área del V Cuerpo del Ejército, en el que siete represores están siendo juzgados por su actuación durante la dictadura cívico-militar-clerical, iniciada el 24 de marzo de 1976.

El Tribunal Oral Federal (TOF) está integrado por los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava. El mismo Tribunal entre junio de 2011 y septiembre de 2012 llevó adelante el primero de los juicios de este tipo en la ciudad, que terminó con la condena de diecisiete represores, catorce de ellos a prisión perpetua, y el señalamiento hacia las responsabilidades de actores civiles como el sacerdote Aldo Vara y la plana mayor del diario La Nueva Provincia.

La historia de la relación de La Nueva Provincia con las dictaduras militares está escrita, no hace falta más que recorrer sus páginas en los ejemplares de la época para conocerla. El diario fue el brazo periodístico de la Marina en una campaña "destinada no sólo a imponer la versión de los victimarios, sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”, según dijo el TOF en aquel dictamen. Su rol protagónico en la represión y la impunidad no se limitó al período dictatorial sino que continuó a partir de 1983, ejerciendo todo tipo de presión y de amenazas a la incipiente democracia.

Como derivación del primer juicio, a comienzos de mayo la Unidad Fiscal a cargo de los doctores Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia solicitó la detención e indagatoria de Vicente Gonzalo Massot, propietario del diario, y del recientemente fallecido Mario Gabrielli, su ex secretario de Redacción y "corresponsal naval", imputados por su participación criminal durante el terrorismo de Estado. Entre otras cosas, se los acusa de ser parte de una campaña de acción psicológica coordinada junto a las autoridades de facto y por el homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, trabajadores del diario.

Todo indicaba que sería difícil que el juez Santiago Ulpiano Martinez se negara al pedido por lo bien fundamentado que estaba. ¿Qué sucedió? Se negó. “No hallo indicios con entidad” para sostener que La Nueva Provincia formó parte del plan criminal implementado por las fuerzas armadas, alegó. En el mismo sentido, rechazó las consideraciones de la fiscalía respecto de los operativos militares de acción psicológica, argumentando que esa práctica está enmarcada en el derecho a la libertad de expresión de los imputados.

Una y otra vez el juez Martínez se esmera en remarcar que nada “autoriza a sostener conocimiento de la mecánica relacionada con la desaparición forzada de personas y demás ilícitos perpetrados por las fuerzas armadas”. Lisa y llanamente: todo lo presentado por la fiscalía no le da la pauta de que los directivos de LNP estuvieran al tanto de lo que sucedía. “No se desprende de lo actuado que los secuestros, torturas y otros aberrantes delitos cometidos por entonces hayan sido fomentados por los imputados y, en mi opinión tampoco ha quedado mínimamente acreditada la sostenida relación causal entre las mentadas publicaciones y el genocidio perpetrado”, escribió Martínez.

Los fiscales federales Palazzani y Nebbia apelaron la resolución del juez a la vez que consideraron que debió convocar a indagatoria a los imputados y luego, si resultaba que no tenía elementos, dictar su falta de mérito. En este momento la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca se encuentra analizando el recurso planteado.

En mis recientes visitas a Bahía Blanca tuve oportunidad de entrevistar al fiscal federal José Nebbia y al Secretario de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bahía Blanca, Eduardo Hidalgo. Esta noche en La otra.-radio presentaremos un informe sobre el tema. FM La Tribu, 88,7, online.