por Emmanuel Álvarez Agis y Juan Manuel Telechea para el blog Estructura desequilibrada
La madre de todas las batallas se encuentra, sin dudas, en las relaciones laborales entre trabajadores y empresarios. Por un lado, en términos económicos, aquí se disputa la distribución del excedente pero también la estrategia de crecimiento de cara al futuro. La dicotomía salarios altos/bajos también se traduce en una estrategia de crecimiento liderado por el mercado interno/externo, en base a bienes manufacturados/commodities, cuyo motor es el Estado/sector privado. En términos políticos, aquí se disputa el poder de organización y de resistencia que históricamente el sector sindical tuvo ante el avance de los gobiernos neoliberales, actuando como principal retaguardia de los intereses del pueblo.
Así, se observó desde el inicio de la gestión una evidente estrategia para ir socavando de a poco el poder de los sindicatos. Primero por medio de un violento ataque al empleo público, tanto desde el punto de vista conceptual como real: no solo se estigmatizó el empleo público refiriéndose a los trabajadores del Estado como “grasa militante”, sino que el gobierno avanzó en el despido de miles de trabajadores del sector público. De acuerdo a las estadísticas del Observatorio del Derecho Social de la CTA solo durante los dos primeros meses de gestión se despidieron un total de 18.613 trabajadores del sector público.
Los despidos en el sector público abrieron la puerta a los despidos en el sector privado. Según los datos del Ministerio de Trabajo, la dinámica del empleo cambió drásticamente durante en el primer semestre de 2016: mientras que entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015 se habían generado un total de 144.895 empleos, en los primeros cinco meses de gestión el nuevo gobierno destruyó un total de 128.294 empleos. Si bien el 63% de esta caída se explica por la dinámica de la industria y la construcción, sorprende observar que el campo y la minería, dos de los sectores más beneficiados por la combinación de la devaluación y la quita de retenciones, destruyeron un total de 15.356 empleos. La nueva dinámica en materia de empleo y el objetivo de disciplinamiento queda clara cuando se observa la tasa de desempleo al finalizar el primer semestre de 2016: 9,3%. Para contextualizar este dato, basta decir que se debe retroceder hasta el año 2006 para encontrar un segundo trimestre con un nivel de desocupación tan alto. En materia de desempleo, los primeros seis meses de gestión de Cambiemos significaron retroceder una década.
Todo esto se inscribe en una estrategia más general por parte del nuevo gobierno que podría resumirse en un objetivo bien conocido para nuestro país: la flexibilización laboral. La primera señal en este sentido fue dada por el actual presidente, en una entrevista concedida por el presidente al diario La Nación el 24 de julio. Aquí Macri se preguntaba qué necesita la inversión. Él mismo se contestaba: “una justicia laboral más equitativa, no tan volcada a encontrarle siempre la razón a una parte”. Queda claro que la parte a la que se refería el presidente era a la de los trabajadores. La declaración resulta preocupante por ser absolutamente falsa: cuando se toman los últimos 10 años de historia, existieron en la justicia laboral argentina 20 fallos plenarios de los cuales 10 se resolvieron a favor de los trabajadores y 10 a favor de las empresas. Imposible lograr mayor equidad que esa.
Pero las señales a favor de la flexibilización laboral no terminaron ahí. A poco más de un mes de su primera declaración, el presidente nuevamente apuntó contra los trabajadores, a quienes les pidió que “no pongan palos en la rueda”]. En el mismo sentido, a poco de conocerse el incremento en el desempleo luego de 6 meses de “cambio”, el jefe de gabinete de ministros señaló que era necesario avanzar con la aprobación de la ley de Empleo Joven propuesta por el Poder Ejecutivo. El proyecto vuelve a considerar al salario como un costo y, a partir de esta concepción, supone que la mejor forma de reducir el desempleo juvenil es reducir el costo de contratación de este sector de la población. La forma de incrementar el empleo entre los jóvenes de entre 18 y 24 años sería entonces reducir los impuestos y cargas patronales a aquellas empresas que optaran por contratarlos.
Lamentablemente, esta aproximación a la problemática del desempleo juvenil es absolutamente errónea, como toda aproximación que considere al trabajo como un costo. En lo que respecta al desempleo entre los jóvenes, el informe “Emplear a los Jóvenes: Promover un Crecimiento Intensivo en el Empleo” elaborado por la OIT, señalaba ya en 1999 que “es discutible que los programas de empleo o formación para jóvenes en gran escala y no específicos arrojen rendimientos positivos. Hay escasa evidencia de que esa clase de programas mejoren ni las perspectivas de empleo ni las ganancias de los jóvenes, y especialmente de los jóvenes desfavorecidos”. [Completo acá]