Marcha de antorchas en repudio al avance represivo y por la libertad a Milagro Sala y todos los presos políticos

Hoy martes 23 de mayo habrá una marcha al Hotel Sheraton, ubicado en Retiro, a las 18:00 horas.

El pasado viernes 19 de mayo un grupo de representantes de organizaciones de Derechos Humanos entregaron a Francisco Eguiguren, Relator para la República Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un informe que denuncia los graves retrocesos en materia de derechos humanos en Argentina. El informe fue redactado por más de cien organizaciones que participaron del Foro por la Libertad y la Democracia que se realizó en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza el pasado 26 y 27 de abril. La entrega del documento a Eguiguren se hizo en el marco de un encuentro en el espacio de la Ex Esma.

El documento se refiere a violaciones de derechos reconocidos en el Pacto de San José de Costa Rica. La denuncia por la detención ilegal de Milagro Sala y los otros presos políticos de la organización barrial Tupac Amaru en Jujuy y Mendoza, el retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y el aumento de casos de violencia policial son algunos de los ítems de mayor gravedad que se denuncian.

Estela de Carlotto, Taty Almeyda y Lita Boitano lamentaron que después de tantos años de lucha sea necesario volver a hacer denuncias ante la CIDH. "Que este modelo cierra con represión no es una consigna, es una realidad que el macrismo y sus aliados ponen en acto y multiplican a diario", dijeron.

Respecto de la situación de Milagro Sala, el documento presentado a Eguiguren denuncia que el gobernador Gerardo Morales instauró en la provincia un estado policial que se constituyó en un laboratorio de ensayo represivo expandido luego a otros puntos del país: en Mendoza se detuvo a Nélida Rojas y otros dirigentes de la Tupac Amaru. El modelo represivo y criminalizador de las organizaciones libres del pueblo viene avanzando cotidianamente.

La creciente violencia institucional implica un alarmante debilitamiento de la democracia. Esta realidad se construye desde la pérdida de derechos cotidianos.

Algunos de los casos tratados en el apartado sobre el incremento de la violencia institucional en el país:

- El incumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Relatoría sobre los Derechos de las Personas privadas de su libertad que la CIDH realizó al gobierno nacional en septiembre de 2016;

- el agravamiento de la crisis penitenciaria;

- el consentimiento del Poder Judicial ante el desborde represivo;

- la represión policial desmedida en barrios humildes;

- la instalación del protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del estado en manifestaciones públicas;

- la desobediencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a una orden de la CIDH;

- las detenciones ilegítimas en el Paro Internacional de Mujeres;

- la represión policial a docentes que reclamaban de forma pacífica en Congreso;

- la represión y detenciones ilegítimas en la Facultad de Ciencias Agrarias de Jujuy.

"En la actualidad, nuestro país está atravesando una profunda crisis en materia de derechos humanos que parece no tener fin. Desde la asunción del presidente Macri, las tres esferas de poder del Estado -Ejecutiva, Legislativa y Judicial-, no cesan la toma de decisiones institucionales regresivas, que tiran por la borda derechos y reivindicaciones que han costado años de lucha a nuestro pueblo, siendo reconocidas estas luchas a nivel internacional", denunciaron los representantes de los organismos de DDHH. También se refirieron al desmantelamiento de áreas vinculadas con la materia en los distintos ministerios y las declaraciones de funcionarios nacionales reivindicando o negando los hechos ocurridos durante la dictadura cívico militar.

En el capítulo sobre la utilización del Poder Judicial como instrumento de persecución se hizo eje en las causas armadas contra referentes políticos, sociales, gremiales, espionaje y escuchas ilegales, detenciones arbitrarias, la incidencia de las corporaciones mediáticas sobre magistrados y funcionarios y la embestida gubernamental contra jueces y otros funcionarios no alineados con el gobierno macrista.

El documento tiene además denuncias sobre retrocesos en el mundo del trabajo, persecución sindical y criminalización de la protesta, el ajuste en el sistema de salud y seguridad social, el asedio a la educación y la producción de conocimiento, los retrocesos en las políticas de género y diversidad y cultura.

Los referentes del Foro por la Libertad y la Democracia declararon que "Si bien en esta visita la CIDH no analizará la situación argentina, sí lo va a hacer en julio. Este documento refleja casos concretos de violencia estatal. Esperamos que las exigencias y recomendaciones de la CIDH le pongan freno a una escalada represiva en nuestra sociedad". Acá se puede leer el informe completo.

* Tres días después de haber sido presentadas estas denuncias, la escalada represiva no cesa: ayer, en Callao y Córdoba, dos chicos menores de edad fueron interceptados por dos policías que les exigieron sus documentos de identidad de manera prepotente. Ante la resistencia de uno de los chicos, alumno de la Escuela Carlos Pellegrini (UBA), la respuesta fue una amenaza. “Si no querés que te sigan pasando estas cosas, mejor no andes con eso”, le dijo el cana al ver que el pibe llevaba un pin del Partido Comunista.