La reforma previsional que responde a las demandas del FMI hará perder a los jubilados casi un mes entero de sus haberes en un lapso de dos años

Según un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda, entre las reformas estructurales que se propone imponer el régimen macrista, algunas con el apoyo de la conducción oficial de la CGT y con el aliento de los organismos financieros internacionales y las clases dominantes de la Argentina, puede ser que la reforma previsional sea la más peligrosa. Esto es así por su amenaza al bienestar de las generaciones actuales y futuras. El debate del Proyecto de Ley presentado en estos días por el macrismo es nada más que un anticipo de la reforma integral que el Ejecutivo pretende imponer en 2019, teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión conformada  bajo la órbita del Ministerio de Trabajo. 

En esa transición a la reforma total del régimen se pavimenta el terreno a partir de un conjunto de cambios técnicos que disminuyen el peso del sistema previsional sobre los fondos públicos. Como contrapartida, este retiro del estado del sistema previsional atenta contra los beneficios a otorgar. La prenda de cambio para negociar la baja de las jubilaciones es el compromiso de que los fondos ahorrados en el sistema previsional compensarían lo que las cuentas provinciales perderán por la reforma tributaria y el pacto fiscal. La baja de los subsidios a los servicios y del gasto social (principalmente sobre seguridad social) se propone cerrar el círculo de 2018 en materia fiscal. Sin ajuste en estos rubros, el cumplimiento del objetivo de déficit primario del 3,2% es imposible. La decisión del Ejecutivo de seguir esta dirección, no surge de una lectura introspectiva sobre los limitantes de nuestro sistema. No es más que una réplica exacta de las prescripciones dictadas por el FMI hacia nuestro país en su informe anual.

¿Cuáles son los puntos clave de la reforma previsional que impula el gobierno? ¿Qué consecuencias económicas tiene el cambio en la fórmula de movilidad en el aumento de las jubilaciones?:

Urgido por los desequilibrios macroeconómicos y las exigencias de los organismos internacionales, el gobierno presentó estos proyectos de reforma impositiva y previsional para ser aprobados en el Congreso. En materia jubilatoria, el objetivo central del proyecto es la modificación de la Ley 26.417 sancionada en 2008, por la cual se calcula aún hoy el aumento de las jubilaciones. Antes de la ley hoy vigente, las jubilaciones aumentaban discrecionalmente a voluntad del Ejecutivo. A partir de marzo de 2009, los jubilados tienen dos aumentos anuales (marzo y septiembre) que se indexan mediante una fórmula que considera variables de relevancia como los recursos de la ANSES y la variación salarial de los empleados registrados. Con el cambio propuesto por el macrismo, las jubilaciones se ajustarían trimestralmente a partir de un índice ponderado, compuesto por un 70% de la inflación calculada por el INDEC y (según la modificación propuesta por el senador oficialista Miguel Peceto) un 30% del índice de salarios registrados RIPTE. La presentación del proyecto fue justificada por el macrismo con la excusa de la sustentabilidad, argumentando que el sistema previsional argentino se encuentra “virtualmente” quebrado. El oficialismo alega que la suma de los aportes de los trabajadores activos no son suficientes para seguir pagando las jubilaciones actuales y menos todavía la proyección a futuro.

Pero estos argumentos eluden un fondo más complejo. Los fondos para financiar el sistema previsional no solo se nutren de los aportes de los trabajadores activos, por lo que la abundancia o escasez de recursos escapa a la lógica de funcionamiento de la ANSES. De hecho, hoy este organismo recibe alrededor de un 40% de sus fondos de recursos tributarios (principalmente impuestos a las ganancias e IVA). El macrismo se urgido a discutir la sustentabilidad del sistema previsional a causa del altísimo déficit fiscal autoprovocado por la eliminación de las retenciones a las exportaciones agrícolas o el desorbitado incremento en los pagos de servicios de la deuda en los últimos dos años. Si se hubieran tomado otras medidas financieras, tributarias y económicas, las condiciones presupuestarias serían distintas y se podría seguirr pagando las jubilaciones con la fórmula actual.

Los cambios buscados significarán un ahorro para el Estado y un recorte de los ingresos de los jubilados. Las cifras del ahorro varían entre los 100.000 y 150.000 millones de pesos al año (habría que ver la evolución de la recaudación y de la inflación futura). Sin embargo, el anuncio se presentó engañosamente como una forma de preservar el poder adquisitivo de las jubilaciones, ya que éstas se ajustan –al menos en parte- por la inflación. Pero se debe considerar que los jubilados y pensionados tienen una estructura de gasto mensual muy distinta al de la etapa de edad activa. Diversos estudios establecen que la canasta de consumo de un jubilado tuvo un incremento mayor que el IPC. Por lo tanto, atar las jubilaciones al IPC no garantiza la mantención del poder adquisitivo de los haberes, sino todo lo contrario: ocasionan un notable perjuicio para los jubilados.

El último aumento, en septiembre del corriente año, fue de 13,3%. Con la nueva fórmula, la jubilación alcanzaría los $7.660, es decir una suba de $414 o de 5,7%. Se trata de un cálculo que perjudica a los jubilados porque, en la práctica, la indexación se realiza con un desfasaje temporal hacia atrás. Si bien se implementaría a partir de marzo de 2018, para el incremento se tendría en cuenta la evolución del IPC de los meses de julio, agosto y septiembre de 2017. Es decir, los jubilados perderían varios meses de indexación y recibirían esa compensación por la inflación con medio año de retraso. En cambio, teniendo en cuenta la fórmula aún vigente, el aumento calculado estaría en torno a 13,2%.

Por lo expuesto, después de años donde los jubilados tuvieron notorias mejoras en términos de poder adquisitivo, las nuevas condiciones imperantes (en materia legislativa, política y económica) marcan un nuevo retroceso.

El paradigma que se sostuvo en el período 2003-2015 tenía una visión signada por la valoración del Estado de Bienestar, comprendiendo que la mejora sistemática de las jubilaciones era una de las piezas más importantes para la construcción de una economía sólida, con un mercado interno pujante gracias a la existencia de más argentinos incorporados al consumo. Así y todo, el escenario inicial en materia previsional era sumamente complejo. Basta recordar que la jubilación mínima de aquel entonces era de $200. Esa suma era percibida sólo por los que habían cumplido los requisitos para jubilarse, ya que aproximadamente un tercio de los jubilados no tenían protección efectiva alguna por parte del Estado a pesar de su entorno de vulnerabilidad.

Las decisiones del anterior Gobierno para subsanar esta situación se pueden agrupar en tres grandes conjuntos:

 Una primera etapa, desde el 2003 hasta el 2007 se basó en el sustancial aumento en las jubilaciones mínimas. Dado el gran desfasaje causado por el congelamiento que sufrieron en la década de los ’90, era urgente resolver la situación de quienes menos percibían y quedaban relegados por debajo de la línea de la pobreza. Así, en los 5 años transcurridos, la jubilación mínima de $200 subió un 198,2%, un porcentaje muy superior al 56% de alza de precios verificado en esel período.

 En segundo lugar, se amplió la cobertura previsional. Esto se alcanzó por medio de las dos moratorias jubilatorias implementadas en los años 2005 y 2014. El porcentaje de adultos mayores que pudieron gozar de su derecho creció enormemente, alcanzando una virtual universalización del beneficio superior al 97% hacia fines del año pasado. En la moratoria de 2005 se incorporaron casi 2,7 millones de jubilados, lo cual llevó la cobertura desde el 66,1% hasta el 93,8%. En la de 2014 se sumaron más de medio millón de adultos mayores. Aproximadamente el 70% de quienes se acoplaron a las moratorias fueron mujeres, lo cual permite equilibrar la composición de género de la masa total de jubilados, que históricamente había mantenido una asimetría marcada.

 El tercer gran conjunto de mejoras se encuadra bajo la denominada Ley de Movilidad Previsional, N° 26.417,  de octubre de 2008. Por medio de ella, se fijó un criterio objetivo de subas bianuales (en marzo y septiembre) para recomponer periódicamentelas jubilaciones, evitando las disparidades que se producían con los que no ganaban la jubilación mínima. El resultado de esta Ley fortaleció la verdadera reparación histórica ocurrida en los últimos doce años: a lo largo de los catorce aumentos semestrales otorgados se logró incrementar los haberes en un 523%, muy por encima de cualquier índice de inflación (por ejemplo, la consultora de Bein computa un 370% de avance de precios en igual período). Además, la decisión política de la fórmula por la cual se determina el incremento de cada semestre no fue neutral. Se incorporó tanto la variación de los salarios como los ingresos tributarios totales y la recaudación del sistema previsional. Esto permitió evolucionar las jubilaciones muy por encima de otras formas de cálculo de la movilidad que se proponían en el momento en el que se sancionó la Ley. Por ejemplo, si para el período que va entre 2009 y 2015 se hubiera aplicado el índice RIPTE (índice del proyecto de Ley del macrismo-pecetismo) en vez de la movilidad previsional, las jubilaciones hubieras crecido 510% en lugar de 523%. Por otro lado, si se hubiera computado en relación al índice de salarios (como se exigió en el caso Badaro), la mejora lograda hubiera sido tan sólo del orden del 443%.

El lugar que ocupó la seguridad social y la jerarquización del sistema previsional fueron los grandes pilares del proceso económico 2003-2015. Partiendo de una situación acuciante del poder adquisitivo de las jubilaciones, se logró no sólo la mejora sistemática de sus ingresos, priorizando primordialmente a los que menos percibían, sino también garantizar a todos los adultos mayores un piso de protección infranqueable. Además, la mejora periódica de las jubilaciones en función a parámetros objetivos, eliminó la discrecionalidad e impidió por Ley que eventuales cambios en el plano político afectasen los derechos de los jubilados.

A mitad de 2007, el Ejecutivo promulgó el decreto 897/2007 que creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) con el objetivo de que fuera un fondo de estabilización ante eventuales desbalances e insuficiencias de los recursos del régimen previsional público. Esta medida fue el antecedente directo de la creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que unificaba las funciones del viejo Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, consolidando los beneficios bajo un sistema público de reparto. En términos concretos, se terminó así el régimen mixto, dando eliminando el negocio de las AFPJ que habían registrado ganancias por encima de los U$S 90.000 millones en 14 años de vigencia, a partir del cobro de comisiones usuarias en torno al 40% de los ahorros aportados por los trabajadores activos.

La creación del SIPA, implicó moverse a un sistema de solidaridad intergeneracional en el cual los activos de un determinado período financian las jubilaciones de los trabajadores retirados de ese momento, con la ventaja de que la Anses no percibe ninguna comisión por la administración de los fondos, lo que implica cuantiosos ahorros en favor del sistema previsional.

Con esto, el FGS ha sido una herramienta poderosa para garantizar la solvencia del sistema y fomentar el desarrollo económico. Esto no es menor ya que, a diferencia del sistema de ahorro individual, en el régimen de reparto no hay correlación exacta entre los fondos recaudados en materia de aportes y contribuciones a la seguridad social con respecto a los pagos realizados. Entender este desacople entre ambos conceptos es fundamental a la hora de desmitificar algunas falacias que se suelen plantear cuando se instala el cliché del “despilfarro de los ahorros de los jubilados”. Así como las erogaciones de la Anses exceden los pagos a jubilados, pensionados y demás beneficios previsionales, también los recursos del organismo administrador de la seguridad social son mayores a los meros aportes de los trabajadores activos. Para tener una dimensión de la magnitud del financiamiento de la sociedad toda al Anses, hay que recordar que el FGS también se conforma a partir del 20% del impuesto a las ganancias, el 11% del IVA, el 21% de los impuestos a los combustibles líquidos, el 100% del impuesto a los cigarrillos y a los automotores, entre otros.

Dicho esto, se valoriza la importancia del FGS como un fondo anticíclico que permite atenuar fluctuaciones del sistema de seguridad social y dotarlo de robustez ante movimientos nocivos en las variables macroeconómicas. Una administración responsable de estos recursos, aplicando las mejores prácticas de gestión de activos financieros, es fundamental para garantizar la solvencia del sistema. El resultado alcanzado bajo la administración de Cristina Kirchner fue altamente positivo. En los 7 años de tutela de los recursos del fondo, los mismos crecieron en un 561,4% al pasar de de $100 mil millones en su constitución inicial de diciembre de 2008 a superar los $664 mil millones de finales del año pasado. Este porcentaje es muy superior a la inflación registrada en igual período, que trepó al 446,5% (siempre siguiendo a la consultora de Bein). 

La gestión de los activos del FGS creció exponencialmente a lo largo de los años. Además, en cinco de los siete años la inversión de estos fondos superó el nivel de inflación registrada, incluyendo el último año, donde presentó un avance del orden del 40%. Cabe destacar que, para el fortalecimiento del FGS, el Estado Nacional le cursó transferencias de capital en 6 de los 7años de vigencia, un total de más de $18.000 millones.

Una cuestión que se deriva directamente de las modificaciones que plantea la nueva ley es el menor incremento que tendrán en marzo próximo los haberes y todos aquellos ingresos de la Seguridad Social que hasta hoy se actualizan en base a la Ley de Movilidad. La nueva Ley plantea el cambio de la fórmula vigente y una actualización en base a la evolución de la inflación general (a partir del IPCNU que publica el Indec) y la evolución de los salarios (aproximada por la variación del Índice Ripte publicado por el Ministerio de Trabajo). La fórmula anterior, en cambio, ajustaba en base a un promedio entre la recaudación tributaria del SIPA y la variación de los salarios (mediante la variación del Índice de Salarios del Indec o del Índice Ripte, la que resultara mayor de los dos). Ahora no solo se cambian perjudicialmente las variables sobre las cuales se sustentan las actualizaciones de la Seguridad Social, sino que además se cambian los meses sobre los cuales se calcula el ajuste. La fórmula vigente ajustaría en marzo próximo en función de la variación acumulada de los ingresos tributarios del SIPA y de la variación de los salarios del período julio 2017-diciembre 2017. La nueva fórmula ajusta, en cambio, en base a la variación acumulada (promedio) del Ripte y de la inflación del período julio-septiembre de 2017. Esto implica que los haberes y otros ingresos de la Seguridad Social se pasarían a actualizar teniendo en cuenta un período de referencia de 3 meses, cuando la fórmula vigente comprende un período de referencia de 6 meses. Incluso, comparando la fórmula original que ajustaba el 100% de los haberes respecto al IPC, el escenario puede ser aún más perjudicial. Esto se debe a que cuando se analiza la evolución del RIPTE en los dos últimos años, este creció en menor medida que un índice representativo de la inflación, como es el IPC Caba1.

En términos de porcentajes de ajuste, la nueva fórmula ya tiene un número preciso de referencia. En el período julio-septiembre del corriente año la inflación del IPCNU denotó una suba de 5,1%. Por su parte, el Índice Ripte tuvo un incremento en el mismo período de 7,1%. Si se tiene en cuenta que la nueva fórmula se ajusta en un 70% de acuerdo a la variación del IPC y de 30% de acuerdo al Ripte, se obtendría, de aprobarse este proyecto regresivo, un ajuste final para marzo de 5,7%.

En tanto, la fórmula hoy vigente comprende un aumento estimado muy superior. Respecto de las variaciones proyectadas de los recursos tributarios del SIPA y del Índice de Salarios que publica el Indec hasta diciembre de este año se tiene una variación estimada de 13,2%. 

Los haberes jubilatorios mínimos tendrán una pérdida aproximada de 543 pesos, las pensiones universales para el adulto mayor (PUAM) perderán 434 pesos, la Asignación Universal por Hijo unos 106 pesos. Es importante destacar que este recorte en los ingresos de los beneficiarios de la Seguridad Social se produce en un contexto muy complejo, caracterizado por el retroceso en el poder de compra que se produjo en los últimos meses en los distintos ingresos que se desprenden del sistema previsional argentino.

Cuando se acumulan los montos totales que resignarán los jubilados por el cambio de fórmula en los dos últimos años, se encuentran resultados significativos. Si se proyecta el ajuste de la nueva fórmula a partir de una inflación proyectada según relevamiento de expectativas de mercado BCRA (16% para 2018 y 11% para 2019), resultará una significativa baja de haberes mensuales. En números, la merma acumulada supera los $8.600, lo cual representa un 98% de un haber mínimo promedio, para igual período. Dicho de otra forma, en caso de que cambie la Ley de Movilidad por la nueva fórmula de ajuste por inflación y salarios del sector registrado, los jubilados perderían casi un mes entero de sus haberes jubilatorios, en un lapso de dos años.

Todo esto, es un subproducto de la necesidad del Poder Ejecutivo de equilibrar las cuentas públicas para evitar que se dispare en 2018 el déficit fiscal. Tanto la reforma tributaria como el pacto fiscal con las provincias será oneroso para las arcas públicas. Por ende, la transferencia neta negativa sobre jubilados, pensionados y demás perceptores de programas sociales serán la variable de ajuste en el año venidero.