El diputado Mario Oporto de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Medios hoy a la medianoche en La otra.-radio. FM La Tribu. 88,7.
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por Mario Oporto
Entre 1980 y 2009, el sistema de medios de Argentina fue legislado por el decreto de una dictadura, enmendado varias veces a pedido de las grandes corporaciones del sector que fueron ampliando su patrimonio y su influencia mediante presiones al poder político. Desde 1983, varios presidentes electos -si no todos- han reconocido públicamente esa experiencia que los tuvo entre la espada y la pared. Pero finalmente, después de 26 años de democracia, el Congreso de la Nación pudo sancionar una Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, votada por la mayoría de las fuerzas de ambas cámaras y descripta por Frank La Rue, relator para Libertad de Expresión de la ONU, como una ley de avanzada.
Sus contenidos fueron debatidos en decenas de foros federales y en las universidades de todo el país. Tiene 166 artículos; sin embargo, se discute casi exclusivamente el 161, que trata sobre la desinversión, una medida que el propio capitalismo ha concebido para que no haya posiciones dominantes en el mercado y se favorezca la competencia leal. Para no extendernos demasiado en el concepto: es una medida a la que, sin ninguna queja, se someten las grandes corporaciones de Estados Unidos, obligadas a desprenderse de sus bienes cuando su acumulación desproporcionada cruza la línea de lo aceptable. Bien lo sabe Bill Gates, que debió desprenderse de parte de sus negocios.
Pero ocurre que, por lo que vemos, los grupos concentrados de medios consideran inconveniente para sus propósitos llamar desinversión a la desinversión, que es el modo de llamar a las cosas por su nombre. Simplemente no pueden decirles con sinceridad a sus lectores, a sus telespectadores y a sus oyentes que el Artículo 161 les fija exclusivamente un tope de bienes. Quizás porque, dicho así, el público no se dejaría arrastrar en defensa de un negocio corporativo que creció exponencialmente mientras se atrasaba el tratamiento de cualquier ley democrática que regulara el sector. Por lo tanto, traducen la adecuación de capitales como una adecuación ideológica (es decir, una censura) y ponen en guardia a quienes temen por ese bien social del que los grandes grupos se consideran la aristocracia.
La libertad de expresión está blindada en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por pedido expreso de la Presidenta en el momento en que se elaboró. Sólo hay que leerla en su totalidad para comprobar que no hay una sola palabra del texto que permita afectar la libertad de expresión, la que sólo puede verse afectada por las posiciones dominantes.
De hecho, el Artículo 161 de la nueva Ley, en las antípodas de la censura, determina un techo un poco más bajo (sólo un poco) para limitar la concentración de medios, y lo hace porque el universo de las comunicaciones es un recurso escaso. El espacio audiovisual, las señales y la explotación de la televisación por cable son finitos.
Todos los grandes grupos a los que les toque desinvertir deben adecuarse a lo que dice la norma. En el caso del grupo ostensiblemente más grande, el Grupo Clarín, que tiene el 42 por ciento de la explotación de la televisión por cable, podría seguir conservando hasta el 35 por ciento. Lo mismo ocurre con la explotación de las señales, de las que no puede conservar las 240 que hoy posee. Desinvertir significa que debe adecuar su patrimonio. Nada más. Además, no implica, de ninguna manera, que deba alterar ni una coma de los contenidos que produce.
A la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual no hay que escucharla en la voz de los interesados en conservar sus privilegios. Hay que leerla y ver, sin contaminaciones, todo lo que le ofrece a la democracia.
